La Ley de Tierras y la Ley de Víctimas, hojas de ruta del presidente Santos, pagarán la vieja deuda que el país tiene con los desplazados del campo y las victimas de la violencia.¿Caminos hacia la paz y la reconciliación?
En los años treinta, el ex presidente Alfonso López Pumarejo tuvo el mismo sueño que hoy ti
ene Juan Manuel Santos: sacar adelante una Ley de Tierras para devolverles a los campesinos las parcelas usurpadas por los terratenientes.
La Ley de Tierras, que tan buenas intenciones mostraba entonces, no se hizo realidad. La mayoría opositora en el Congreso, amiga de los terratenientes, boicoteó su aplicación.
ene Juan Manuel Santos: sacar adelante una Ley de Tierras para devolverles a los campesinos las parcelas usurpadas por los terratenientes.La Ley de Tierras, que tan buenas intenciones mostraba entonces, no se hizo realidad. La mayoría opositora en el Congreso, amiga de los terratenientes, boicoteó su aplicación.
Ahí quedò sembrada la semilla de la violencia de la Colombia de ayer y de la 
Colombia de hoy. Grupos campesinos se enfrentan al gobierno y crean las famosas guerrillas de los años cincuenta, que con ideología liberal reclamaban la tierra como un derecho. Hombres como Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, surgen de estas luchas campesinas. Años después, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, se aprobó una
justiciera Reforma Agraria que tampoco llegó a ninguna parte por la misma razón: el boicoteo de los latifundistas, acompañados en éste caso, del Ministro de Agricultura de entonces Hernán Jaramillo Ocampo. Arman una alianza para renegar del intento del gobierno de transformar la estructura agraria campesina.La violencia de los años setenta recoge las semillas sembradas en años anteriores y nacen fértiles las guerrillas como las FARC y el ELN.
Posteriormente, en los años ochenta y con el propósito de combatir a las guerrillas, aparecen los grupos paramilitares que terminaron también ensangrentando el campo y despojando a sus dueños legítimos.
A este fuego se le añade el negocio del narcotráfico, cuyos legendarios jefes incrementan la violencia, se apoderan de las tierras, compran conciencias y expulsan a los campesinos a los cordones de miseria de las ciudades.
Todo este historial de apropiación indebida lleva a que hoy Colombia tenga una abrumadora concentración de la tierra: tres mil propietarios disponen de cuarenta y ocho millones de hectáreas de las mejores y más fértiles tierras del país, cuando nueve millones de campesinos solo disponen de ocho millones de hectáreas. Menos de una hectárea por persona para sobrevivir en el campo con familia, cultivos y ganados.
La lucha por la tenencia de la tierra es y ha sido causa fundamental de la imparable violencia en Colombia y del desplazamiento forzado de alrededor de un millón de familias.
Ahora, en el siglo 21, aparece ante los colombianos y ante la comunidad internacional una nueva posibilidad de pagar esta vieja deuda social aún no saldada con las víctimas de la violencia.
Se trata de un colosal sueño del presidente Juan Manuel Santos y de su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, plasmado en dos importantes proyectos de ley que hacen trámite en el Congreso: La Ley de Tierras y la Ley de Víctimas.
El presidente Santos, que presentó personalmente ante el Congreso las iniciativas, ha pedido prioridad legislativa sobre las dos leyes, que requieren de cuatro debates. El
Gobierno prevé comenzar a aplicarlas en enero del 2011.Ante los alcaldes del país el presidente ha dicho que las leyes tienen un hondo significado para la paz, porque busca “que nos perdonemos los unos a los otros, que les demos la oportunidad a quienes han sufrido la violencia durante tantos años de mirar la vida con dignidad y optimismo en el futuro”.
El ambicioso proyecto tiene una asignación de cuarenta billones de pesos (22 mil millones de dólares) para devolverles la tierra a sus propietarios originales e indemnizarlos.
El presidente Santos ha dicho que ambas leyes buscan devolver dos millones de hectáreas a campesinos desplazados (quinientas mil por año) que serán entregadas para su explotación comercial. “La iniciativa permite que el gobierno devuelva a los dueños originarios sus tierras, pero con la posibilidad de que éstos campesinos se vuelvan unos empresarios del campo. Los imagino como Juan Valdés”, ha dicho Santos.
El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, promotor de la idea, asegura que la Ley de Tierras hace parte de un proyecto de ley integral que no sólo se concentra en los mecanismos de restitución sino “que busca democratizar la propiedad rural”. O sea, que haya más propietarios en el campo y menos terratenientes.
El presidente h
a explicado que la restitución se hará mediante herramientas como indemnización por vía administrativa, apoyo a programas de inversión, créditos blandos para adquisición de vivienda, prioridad en el acceso a subsidios y, principalmente, que la ley no excluirá a ninguna víctima, y que no importa si el victimario es guerrillero, paramilitar, narcotraficante o agente del Estado. La iniciativa, en su momento, recibió fuertes reparos del ex presidente Álvaro Uribe.Santos sustenta que estas leyes serán “la hoja de ruta para la ejecución de una
reparación integral, social, económica, sociológica y simbólica, a cerca de cuatro millones de desplazados y víctimas de otros delitos derivados de la violencia”.La ONU recibe con agrado la intención del gobierno y califica los proyectos de ley como “dos pilares para construir la paz”.
Y en Colombia la iniciativa se recibe con mucha expectativa frente a los desafíos que implica su ejecución.
Recordando el pasado de la Ley de Tierras de López Pumarejo, la Reforma Agraria de Carlos Lleras Restrepo y otros intentos fallidos de poner la tierra en manos de sus dueños originales, bien vale la pena resaltar que el camino no será nada fácil porque los intereses de quienes ostentan el poder sobre dos millones de hectáreas y su capacidad de crear violencia, podrían llevar a abortar las buenas intenciones del gobierno y de los colombianos en general.
Sin embargo, el Ministro Restrepo ha dicho que el gobierno asumirá enérgicamente las medidas necesarias para que la ley sea una realidad.Para grandes propósitos se necesitan grandes energías convergentes. No será solamente la voluntad del presidente o de su ministro Restrepo, sino también los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los empleados oficiales, la justicia, los maestros y los medios públicos de televisión y de prensa los llamados a apoyar e impulsar esta ambiciosa reforma al campo.
Aplicar la justicia material y reconocer a los desplazados sus derechos pendientes, es un camino certero hacia la paz y un retroceso a la guerra. Así lo vieron López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, pero el país no se volcó tras sus ideas.
Hoy, después de mas de sesenta años de guerras y de luchas fratricidas, el país debería estar dispuesto a rodear y defender la aplicación de ésta iniciativa que aparece como la más importarte propuesta de paz que ha escuchado el país en los últimos años.
Créditos: Semana.com. El Espectador.com. El Tiempo.com
