NORIEGA: PANAMÁ SACUDE SU MEMORIA

La extradición a Panamá del ex dictador Manuel Antonio Noriega es inminente, pero lo que nadie sabe es si está dispuesto a abrir el baúl donde guarda los secretos de su nefasto paso por el poder

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El regreso a Panamá del ex dictador Manuel Antonio Noriega tiene nerviosos a los políticos corruptos, lavadores de dinero y viejos cómplices que al igual que él se lucraron de forma ilegal con los recursos del Estado.

Pero sus compinches, poseedores de fortunas ilegales, no son los únicos preocupados con las revelaciones que haría Noriega a la justicia panameña durante los juicios que tiene pendientes en su tierra natal.

También deben estar inquietos los viejos militares que hicieron parte de sus francachelas y bacanales y quienes luego conspiraron en su contra antes y durante la sangrienta invasión estadounidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989, que provocó la muerte de miles de civiles panameños, la mayoría de sectores pobres, por el bombardeo indiscriminado y simultáneo contra todos los objetivos militares del país.

Con el retorno del convicto Noriega, Panamá tendrá que devolver la página de su historia hasta finales de los años sesentas para esclarecer su responsabilidad en la desaparición y muerte del soldado panameño-estadounidense Evert Clayton Kimble (1968) y de los dirigentes de la oposición Luis Quiroz (1969) y Heliodoro Portugal (1970).

Mientras la justicia panameña resuelve debidamente las anteriores investigaciones que aún están pendientes, en Panamá, el ex dictador también debe hacer frente a seis condenas impuestas ya en su ausencia que acumuladas suman mas de 65 años de prisión por los delitos de peculado, desaparición forzada y los homicidios del líder opositor panameño Hugo Spadafora (1985), del capitán Moises Giroldi y por la masacre de Albrook, en 1989.

La masacre de Albrook, como se conoce la ejecución sin piedad de nueve ex militares panameños que el 3 de octubre de 1989 se alzaron en armas contra Noriega, ejemplifica el alto nivel de crueldad al que llegó el tirano y la historia de terror que sembró a su paso.

El informe forense asegura que antes de ser fusiladas, las víctimas fueron "torturadas sistemáticamente, sometidas a dolores graves y sufrimientos de índole física y mental" y que "murieron de manera violenta, traumática y atrozmente".

La justicia panameña responsabilizó de esa matanza a la cúpula militar de Noriega que en ese entonces ejercía como Comandante Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Los responsables reportaron falsamente que las muertes se habían producido en combate cuando en realidad las víctimas vivieron un verdadero infierno y horas de intenso terror tras su captura, luego del fracaso de la intentona golpista.

Durante los juicios se conoció que, luego de ser capturados, los ex militares fueron esposados, encapuchados y golpeados con bates de aluminio. Luego fueron fusilados, sin derecho a un juicio justo.

El tirano dictador negó su responsabilidad en estos hechos y se defendió diciendo que no tuvo el control del mando porque por esos días había anarquía de guerra. Noriega fue condenado, como instigador de estos hechos a veinte años de cárcel.


La gran paradoja es que el ex general podría salvarse de ir a la cárcel pues las leyes de su país otorgan el beneficio de casa por cárcel a las personas mayores de 72 años. Y Noriega tiene 77.

Los familiares de una de las víctimas de la dictadura, el opositor Hugo Spadafora, han rechazado la inminente repatriación y desde ya piden un juicio público al ex dictador porque su extradición es casi un hecho.

Si los trámites burocráticos se cumplen Noriega sería repatriado a Panamá antes de la navidad. Llegará procedente de Francia donde ya cumplió más de la mitad de la pena luego de ser condenado a siete años por lavado de activos del Cartel de Medellín. Su extradición tiene el visto bueno de los Estados Unidos, país donde Noriega pagó veintiún años de cárcel por narcotráfico.

El presidente Ricardo Martinelli ha confirmado que los trámites administrativos entre los gobiernos de Francia y Panamá avanzan sin obstáculos y que si Noriega es extraditado "iría directo a a la cárcel El Renacer a purgar sus condenas pendientes".

El Jefe de Estado no descartó que el anciano ex dictador podría verse beneficiado con la ley que permite casa por cárcel a los ciudadanos de avanzada edad, asunto que según él, deberá ser resuelto por los jueces de cada caso.

Por su parte el amigo y ex ministro de Noriega, Mario Rognoni, ha dicho en Panamá que si bien los abogados defensores podrían invocar el beneficio de casa por cárcel para el condenado "ese no es un tema que preocupe al ex dictador" quien no ha ocultado su entusiasmo con la idea de regresar a su país "aunque sea a prisión, pero cerca de su esposa, sus hijos y sus nietos".

En la cárcel o fuera de ella, revelando o no secretos oscuros de su fatal dictadura, lo cierto es que después de 23 años de ausencia, en plenas fiestas navideñas, el país le verá nuevamente la cara al viejo ex dictador, al militar inclemente y sangriento, al convicto criminal que gobernó de facto sumiendo a la nación en una grave crisis económica, política y social.

Tendría razón entonces el Ministro panameño de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, quien recientemente ironizó al decir que "para nosotros Noriega no es un gran premio que vamos a recibir".

Ciudad de Panamá, Noviembre 25 de 2011

MEDIO PAN Y UN LIBRO: GARCIA LORCA

No solo de pan vive el hombre; está bien que todos coman pero la terrible agonía del alma se cura sólo con libros, muchos libros


Palabras de Federico García Lorca al inaugurar la biblioteca de su pueblo.

Medio pan y un libro.
Federico García Lorca al Pueblo de Fuente de Vaqueros (Granada). Septiembre 1931.

"Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí.

‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión.

Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada.

No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos.

Esta bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.

Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos libros?

¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: ‘amor, amor’, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras.

Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; y pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!’.

Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.

Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser: ‘Cultura’. Cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz."

CONDUCTORES EBRIOS TENDRÍAN ARRESTO INMEDIATO Y CARCEL HASTA POR UN MES

La fatal mezcla de alcohol y gasolina terminará en arresto inmediato.

Entre 8 y 30 días tendrán que permanecer en prisión los conductores irresponsables que manejen en estado de embriaguez.

Así lo estipula el nuevo Proyecto de Ley que la Plenaria del Senado aprobará, en segundo debate.

El proyecto busca subsanar un error técnico de la legislación colombiana que desapareció el primer grado de embriaguez como generador de sanciones.

Solo en Bogotá, en lo que va corrido del año, la Policía de Tránsito reporta 1.180 accidentes, que involucran a conductores ebrios. 9 personas murieron, 158 quedaron heridas, 600 vehículos inmovilizados y 1.168 comparendos.

El proyecto no sólo aumenta la pena mínima para el homicidio culposo a conductores ebrios sino que además previene las muertes antes de que ocurra la tragedia arrestando a los conductores ebrios sólo por estar en esa condición, antes de que se maten o maten a alguien.

Una vez votado en Plenaria, al Proyecto le quedaría faltando el trámite en la Cámara de Representantes antes de convertirse en Ley de la República.

PROYECTO DE LEY No. 110 DE 2010 SENADO

“Por medio de la cual se introduce en la Ley 599 de 2000, el delito de conducción en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias psicoactivas, se modifica el artículo 109 y 110 y 35 del Código Penal, para la seguridad vial en Colombia.”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto introducir en el Código Penal un nuevo capítulo que se denominará:

CAPITULO IX: DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO EL INFLUJO DE SUSTANCIAS ALUCINÓGENAS”, y en consecuencia modificar los artículos 109, 110, 120, 35 y 38 del Código Penal.

Artículo 2. El Capítulo IX, del Título I, del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000, tendrá un artículo 134-A del siguiente tenor: Artículo 134A. De la seguridad vial y la conducción en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias alucinógenas.

El que condujere un vehículo automotor o motocicleta bajo la influencia de sustancias alucinógenas que produzcan una disminución de sus capacidades físicas o psíquicas, y/o en estado de embriaguez a partir del segundo grado, incurrirá, siempre que la conducta no se subsuma en una contravención o delito sancionado con pena mayor, en arresto de ocho (8) a treinta días (30).

Parágrafo.- El que por esta misma conducta sea objeto de sanción administrativa que implique la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas, quedará sometido en cuanto a dicha sanción administrativa a aquella sanción de mayor duración.

Artículo 3.- El Capítulo IX, del Título I, del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000, tendrá un artículo 134-B del siguiente tenor: Artículo 134B. Oposición a la comprobación del estado de embriaguez o al influjo de sustancias psicoactivas.

El conductor que con sujeción a las formalidades previstas en la ley, sea requerido por la autoridad competente y se negaré a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación del estado de embriaguez o de la influencia de sustancias psicoactivas, incurrirá en arresto tres (3) a quince (15) días y privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas de uno (1) a seis (6) años.

Artículo 4. El artículo 109 de la ley 599 de 2000, quedará así: Artículo 109. El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de veinte a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, la pena será de seis (6) a diez (10) años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de tres (3) a cinco (5) años.

Artículo 5. El artículo 110 del Código Penal quedará así: “Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo: La pena prevista en el artículo anterior se aumentará de una sexta parte a la mitad, en los siguientes casos:

1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia.

2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta.

3. Si al momento de cometer la conducta el agente no es titular de la Licencia de Conducción exigida por la Ley o su licencia había sido anulada, invalidada, suspendida o retenida y la causa de ello no ha sido superada.

4. Si al momento de cometer la conducta el agente se niega a someterse a los exámenes o pruebas destinadas a establecer la existencia de un estado de embriaguez o alcoholemia o de consumo de drogas o sustancias estupefacientes o alucinógenas.”

Artículo 6. El artículo 120 de la ley 599 de 2000, quedará así: Artículo 120. El que por culpa cause a otro alguna de las lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes.

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, la pena se incrementará de la mitad a las tres cuartas partes y privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente de tres (3) a cinco (5) años.”

Artículo 7. El artículo 35 del Código Penal quedará así: “Artículo 35. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la de arresto, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial.”

Artículo 8. Créase un nuevo artículo en el Código Penal, del siguiente tenor: “Artículo 38B. La pena de arresto se sujetará a las siguientes reglas:

1. La pena de arresto tendrá una duración máxima de seis (6) meses.

2. A la pena de arresto le serán aplicables las normas sobre el cumplimiento de la pena de prisión, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena presentes en este código.

3. La pena de arresto configura una sanción penal y en ningún caso se tendrá como una medida de seguridad.

4. A la pena de arresto le será aplicable la sustitutiva de arresto domiciliario en los mismos términos del artículo 38 del presente código.

5. La pena de arresto solo generará antecedente penal cuando su aplicación se derive de la sanción a una conducta penal reiterada mínimo tres (3) veces.

AVANZA POSTIVAMENTE LEY QUE ACABARIA CORRIDAS DE TOROS, COLEO Y PELEAS DE GALLOS

El Proyecto, que entra a tercer debate en el Senado de la República, prohibiría también el uso de animales en laboratorios y en experimentos pedagógicos, los vehículos de tracción animal y regularía el oficio de los paseadores de perros.

El articulado contempla sanciones, multas y cierres temporales si el ultraje contra el animal se comete dentro de un establecimiento de comercio.

El Senador Jorge Londoño (Partido Verde) ponente del proyecto aseguró a SINCENSURA que “esta ley busca ampliar el marco de protección de los animales en el país con el fin de prevenir las situaciones de crueldad y maltrato de los que son víctimas”

“Adicionalmente se busca un régimen sancionatorio que sea efectivo, así como la implementación de campañas educativas y de prevención de estas agresiones, en cabeza del Estado”, dijo.

La iniciativa fija multas de cinco a cincuenta salarios mínimos legales vigentes y prohibición de tenencia de animales hasta por diez años a quienes actúen con perversidad y crueldad.

Si la conducta se comete en establecimiento de comercio, matadero, criadero, circo, zoológico o cualquier otro establecimiento en el que se tengan animales, el respectivo alcalde municipal ordenará también el cierre temporal del establecimiento durante el tiempo necesario para poner fin a la conducta sancionada.

Las multas pecuniarias previstas en la Ley contienen agravantes si la conducta se comete en vía o sitio público, dependiendo de la mayor posición social del autor, por su riqueza, cargo o ilustración, cuando el animal está en situación de indefensión y si la conducta se comete sobre un animal de trabajo.

El proyecto de Ley ya recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes; tiene ponencia positiva en el Senado, para su tercer debate. Le restaría un cuarto debate en Plenaria para convertirse en Ley de la República.

El Senador liberal Camilo Sánchez ha dicho que si la Ley no pasa en el Congreso convocará un referéndum para que sean los colombianos quienes tomen la decisión a través de una iniciativa popular.

$ 586 billones de pesos costará Plan de Desarrollo que ordenará el país

Según el Gobierno los recursos se destinarán a la edificación de tres pueblos, incluido Gramalote (N.S), la construcción de un millón de viviendas de interés social, la devolución de 2 millones de hectáreas para los afectados de la violencia, el ordenamiento territorial y el desarrollo equitativo de todas las regiones.

El Plan Nacional de Desarrollo, que inicia revisión en el Senado de la República, sería financiado en un 60 por ciento, con recursos de la nación -sectores de hidrocarburos y minería, el impuesto del 4 mil y la venta de otro 10 por ciento de Ecopetrol-. El 40 por ciento restante provendria del sector privado.
Hernando José Gómez, Director de Planeación Nacional, aseguró a Sincensura que el Plan de Desarrollo contempla la financiación con recursos propios de la Nación buscando que el país no quede endeudado con préstamos internacionales.

La senadora Piedad Zuccardi, integrante de las comisiones económicas que analizan el Plan de Desarrollo aseguró que “se está estudiando la viabilidad del Plan de inversiones del cuatrenio “y para ello hemos venido aprobando presupuestos anuales de las diferentes vigencias, del orden de los $180 billones de pesos anuales, que tendrán como destino prioritario los afectados por la ola invernal”.

Jorge Iván González, profesor de la Facultad de Economía, (Universidad Nacional) destaca del Plan de Desarrollo la insistencia en el ordenamiento territorial y la equidad que propone para el crecimiento de todas las zonas colombianas. “En Colombia la región central: Bogotá y los santanderes crecen a mayor ritmo que las zonas pacíficas y del sur del país, y dentro de cada región también hay mucha desigualdad entre la capital y los municipios”.

El profesor González asegura que “al Presidente también hay que apoyarlo en el tema de restitución de tierras y de reforma agraria”.

Sin embargo destaca que al Plan de Desarrollo le falta articulación entre las 5 grandes estrategias o locomotoras en las que el gobierno basará su estrategia de navegación.
“No es claro cómo se van a integrar la locomotora de la minería, que está descarrillada, con la del agro, la de vivienda y la de ciencia y tecnología”, dijo.
Añadió que “el Plan de Desarrollo del Presidente Santos no es claro en aspectos fundamentales como la importación de alimentos; actualmente el país importa mas de 8 millones de toneladas de alimentos que pueden producirse en nuestras regiones”.

Para González el Congreso de la República enfrenta el gran desafío de articular este ambicioso Plan de Desarrollo que a su juicio es un compendio de buenas ideas pero desarticuladas.

SENADO PIDE NO RENEGOCIAR CONTRATOS CON EMPRESAS MINERAS

Conocedores de las presiones que están ejerciendo las multinacionales de la gran minería para que les renueven los contratos, la Comisión Quinta, en pleno, pidió al Ministro de Minas abstenerse de renegociar dichas concesiones hasta tanto no sean revisados por el Senado.

La multinacional australiana- británica, Billiton, tras 30 años de explotación del níquel en Cerro Matoso, Córdova, pretende que se le extienda el contrato. Igual sucede con la estadounidense Drummond, que ha solicitado prórroga del contrato, que tiene desde 1988, para explotar minas de carbón en el Cesar.

Ante la inminente renegociacion de contratos la Presidenta de la Comisión Quinta, Daira Galvis pidió al ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, abstenerse de renegociar contratos con las trasnacionales mineras sin antes informar en detalle al Legislativo sobre su contenido y alcance.

”La Contraloría General de la Nación ha venido dejando al descubierto antecedentes graves relacionados con la multinacional de Cerro Matoso. Hay contratos mal liquidados que le han significado a la Nación pérdidas por 230 mil millones de pesos", dijo el Senador Jorge Robledo a SINCENSURA.

Robledo aseguró que "estamos regalando los recursos naturales. Una prueba es en la negociacion se concedieron dos excenciones tributarias que equivalen al 76 por ciento de lo que paga ese contrato por regalías".

La Presidenta designó una subcomisión encargada de hacerles seguimiento a las renegociaciones en curso, aun durante el receso legislativo. Está conformada por los senadores Jorge Enrique Robledo, Lidio Arturo García, Manuel Guillermo Mora, Félix Valera, Luis Emilio Sierra, Milton Rodríguez y la propia Presidenta de la Comisión Quinta.

El siguiente es el texto de la carta enviada al ministro y suscrita por Daira Galvis y los miembros de la subcomisión:

Bogotá, diciembre de 2010

Doctor
CARLOS RODADO NORIEGA
Ministro de Minas y Energía
Ciudad

Atento saludo.

Ante esta Comisión Quinta Constitucional se han unido un sinnúmero de ciudadanos invocando por la necesidad que, previamente a la renegociación de los contratos de concesión correspondientes a la gran minería, se hace conveniente disponer una subcomisión de esta misma, a fin de establecer las condiciones que se cumplieron o se desarrollaron en dichas contrataciones

Atendiendo estas sugerencias, y en virtud del control político, obviamente nuestro deber, la Presidenta de la Comisión designó una subcomisión conformada por los Senadores Jorge Enrique Robledo Castillo, Lidio Arturo García Turbay, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Félix José Valera Ibáñez, Luis Emilio Sierra Grajales, Daira de Jesús Galvis Méndez y Milton Rodríguez Sarmiento, para hacer seguimiento a dichas renegociaciones, aún durante el receso legislativo.

Por lo anterior, hemos considerado sugerirle señor Ministro, que previamente a cualquier determinación sobre dicho particular, se nos remita un informe in extenso en torno al desarrollo de cada una de las concesiones a renovarse en el futuro y que, igualmente, se abstenga de firmar las renegociaciones en proceso hasta tanto se rinda el informe a los integrantes de la Comisión sobre su contenido y alcance.

Agradecemos de antemano la atención que merezca la presente.

Daira Galvis, Jorge Enrique Robledo, Lidio Arturo García, Manuel Guillermo Mora, Félix Valera, Luis Emilio Sierra, Milton Rodríguez.

VARGAS LLOSA, EL INVESTIGADOR DE HISTORIAS

La Academia sueca le concedió a Mario Vargas Llosa el Premio Nobel de Literatura con dos argumentos: por desentrañar las estructuras del poder y por poner en evidencia la resistencia y la derrota del individuo..

La imaginación en Mario Vargas Llosa está pegada a la historia. Cada palabra del Premio Nobel de Literatura 2010 tiene una carga de investigación, de rigurosidad, de consulta, de trabajo de campo. La intensidad de la narración es la que nos pone frente a una novela.

“El paraíso en la otra esquina”, “La fiesta del Chivo” y “Conversación en la Catedral” son tres ejemplos de cómo la consulta de fuentes de información y la visita a sitios donde tienen ocurrencia los hechos se vuelven el alimento de la prosa literaria de un hombre que a los 74 años conquistó la máxima distinción en el campo de las letras universales.

En el caso de “El paraíso en la otra esquina”, por ejemplo, Vargas Llosa visita los lugares donde la líder feminista Flora Tristán y su nieto el pintor Paul Gauguin viven sus aventuras de vida en dos momentos de la historia. El autor viaja a las Islas Marquesas, a Tahití, a París, a Londres y recorre otra vez su natal Perú para contar, en simultánea, la historia de dos personajes que están unidos por la sangre más no por el tiempo.

La consulta bibliográfica y las locaciones y aromas que encuentra Vargas Llosa en los lugares donde ocurren sus historias, lo convierten en un recreador de la realidad; en un hombre que trabaja la ficción sobre la rigurosidad de los datos y las fuentes de información.

Sus novelas sobre la dictadura y su reciente “Sueño del celta” no son otra cosa que investigación plena de ficción y defensa a ultranza de las libertades humanas, una de las banderas de vida del nuevo Premio Nobel.

No por otra cosa, en su discurso de Estocolmo dijo: “Sin las ficciones seríamos menos concientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión”.

LAS A.R.P. NO RECONOCEN ENFERMEDADES PROFESIONALES A MINEROS

La Asociación de trabajadores enfermos de la multinacional del Carbón Drummond, denuncia que por lo menos mil trabajadores y ex trabajadores presentan enfermedades que no han sido reconocidas por las ARP como profesionales.

Los trabajdores aseguran que ni la Drummond, ni las ARP ni las Juntas evaluadoras reconocen el origen profesional de la fibrosis, la neumoconiosis y la silicosis, enfermedades pulmonares producidas por la exposición al polvillo del carbón, que hoy son catalogadas como enfermedades comunes.

Moisés Padilla, ex trabajador de la Drummond aseguró a SINCENSURA que la región Caribe colombiana donde opera la multinacional “se ha convertido en potencia de discapacidad y desempleo”.

Denunció que es tan grave la situación que se vieron obligados a crear Asodrepd, la Asociación de trabajadores enfermos de la Drummond. "Son mil familias que enfrentan la penosa situación de no percibir ingresos porque los jefes de hogar presentan una o varias enfermedades que les incapacita para conseguir otro empleo".

"Decenas de empleados fueron despedidos por la empresa semanas después de haber contraído la enfermedad profesional sin indemnizaciones ajustadas a la ley", aseguró.

Añadió que en la larga lista de enfermedades profesionales, consideradas de origen común y no profesional estan enfermedades pulmonares, osteomusculares y hernias discales, producidas por vibración de cuerpo entero.

El 10 de diciembre se cierra la etapa de negoción para la venta de la Drummond: los trabajadores temen que la empresa se vaya del país sin darle solución a sus problemas y requerimientos.

En respuesta a esta grave situación el Senador Jorge Robledo, (Polo Democrático) anunció que presentara un Proyecto de Ley para ampliar el listado de enfermedades profesionales.

“Esta multinacional del carbón que opera en los departamentos de Cesar y Magdalena es una emprea que gama mucho dinero, sin embargo trata muy mal a sus empleados; nos les ofrece condiciones de seguridad industrial poniendo en riesgo su salud y sus vidas”, dijo el Senador.

El reconocimiento del origen profesional de las enfermedades es importante porque la indemnización se hace con base en el ciento por ciento del salario.

22 CONCESIONES VIALES CON SOBRECOSTOS DEL 84%

Las obras deberían costar 13 billones de pesos, sin embargo, van costando $24 billones de pesos, dejando mal parada la Política Nacional de Concesiones.

En la Comisión Quinta del Senado se denunció el fracaso del Sistema de Concesiones porque ofrece liquidez a las empresa privadas y deja ilíquido a Invias para atender las vías terciarias del país.

La Senadora Maritza Martínez denunció que las 22 grandes concesiones viales vigentes tienen 322 modificaciones al contrato original, todas tienen prórrogas y todas cuentan con liquidez porque “el Estado les hace pago anticipado de la casi totalidad del valor de la concesión”.

“Un ejemplo de este exceso de consideraciones es el que se tiene con la Concesión Coviandes, a cargo de la vía Bogotá- Villavicencio por la que el Gobierno pagó, por anticipado, $294 mil millones de pesos de los $353 mil millones que vale la concesión”, dijo Martínez.

La congresista aseguró que dicho contrato tiene un costo de un billón 800 mil millones de pesos y que la vía que se podría hacer en tres años y medio está programada para siete años.

“El Meta pone y el Estado paga por adelantado pero Coviandes no aporta porque trabaja con vigencias futuras. Yo me pregunto: ¿porque se le llama concesión a un contrato normal de una obra civil?” dijo.

El Ministro de Transporte, Germán Cardona reconocí en el debate las falencias del Sistema Nacional de Concesiones y anunció su revisión. Dijo que “en adelante no se volverá a adjudicar un sólo contrato para concesión en el cual, previamente, no se adquieran predios”.

Fuente: Canal Congreso, Oficina Prensa Senado

DESENTERRANDO UNA ESPERANZA

La Ley de Tierras y la Ley de Víctimas, hojas de ruta del presidente Santos, pagarán la vieja deuda que el país tiene con los desplazados del campo y las victimas de la violencia.

¿Caminos hacia la paz y la reconciliación?

En los años treinta, el ex presidente Alfonso López Pumarejo tuvo el mismo sueño que hoy tiene Juan Manuel Santos: sacar adelante una Ley de Tierras para devolverles a los campesinos las parcelas usurpadas por los terratenientes.

La Ley de Tierras, que tan buenas intenciones mostraba entonces, no se hizo realidad. La mayoría opositora en el Congreso, amiga de los terratenientes, boicoteó su aplicación.

Ahí quedò sembrada la semilla de la violencia de la Colombia de ayer y de la Colombia de hoy. Grupos campesinos se enfrentan al gobierno y crean las famosas guerrillas de los años cincuenta, que con ideología liberal reclamaban la tierra como un derecho. Hombres como Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, surgen de estas luchas campesinas.

Años después, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, se aprobó una justiciera Reforma Agraria que tampoco llegó a ninguna parte por la misma razón: el boicoteo de los latifundistas, acompañados en éste caso, del Ministro de Agricultura de entonces Hernán Jaramillo Ocampo. Arman una alianza para renegar del intento del gobierno de transformar la estructura agraria campesina.

La violencia de los años setenta recoge las semillas sembradas en años anteriores y nacen fértiles las guerrillas como las FARC y el ELN.

Posteriormente, en los años ochenta y con el propósito de combatir a las guerrillas, aparecen los grupos paramilitares que terminaron también ensangrentando el campo y despojando a sus dueños legítimos.

A este fuego se le añade el negocio del narcotráfico, cuyos legendarios jefes incrementan la violencia, se apoderan de las tierras, compran conciencias y expulsan a los campesinos a los cordones de miseria de las ciudades.

Todo este historial de apropiación indebida lleva a que hoy Colombia tenga una abrumadora concentración de la tierra: tres mil propietarios disponen de cuarenta y ocho millones de hectáreas de las mejores y más fértiles tierras del país, cuando nueve millones de campesinos solo disponen de ocho millones de hectáreas. Menos de una hectárea por persona para sobrevivir en el campo con familia, cultivos y ganados.

La lucha por la tenencia de la tierra es y ha sido causa fundamental de la imparable violencia en Colombia y del desplazamiento forzado de alrededor de un millón de familias.

Ahora, en el siglo 21, aparece ante los colombianos y ante la comunidad internacional una nueva posibilidad de pagar esta vieja deuda social aún no saldada con las víctimas de la violencia.

Se trata de un colosal sueño del presidente Juan Manuel Santos y de su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, plasmado en dos importantes proyectos de ley que hacen trámite en el Congreso: La Ley de Tierras y la Ley de Víctimas.

El presidente Santos, que presentó personalmente ante el Congreso las iniciativas, ha pedido prioridad legislativa sobre las dos leyes, que requieren de cuatro debates. El Gobierno prevé comenzar a aplicarlas en enero del 2011.

Ante los alcaldes del país el presidente ha dicho que las leyes tienen un hondo significado para la paz, porque busca “que nos perdonemos los unos a los otros, que les demos la oportunidad a quienes han sufrido la violencia durante tantos años de mirar la vida con dignidad y optimismo en el futuro”.

El ambicioso proyecto tiene una asignación de cuarenta billones de pesos (22 mil millones de dólares) para devolverles la tierra a sus propietarios originales e indemnizarlos.

El presidente Santos ha dicho que ambas leyes buscan devolver dos millones de hectáreas a campesinos desplazados (quinientas mil por año) que serán entregadas para su explotación comercial.

“La iniciativa permite que el gobierno devuelva a los dueños originarios sus tierras, pero con la posibilidad de que éstos campesinos se vuelvan unos empresarios del campo. Los imagino como Juan Valdés”, ha dicho Santos.

El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, promotor de la idea, asegura que la Ley de Tierras hace parte de un proyecto de ley integral que no sólo se concentra en los mecanismos de restitución sino “que busca democratizar la propiedad rural”. O sea, que haya más propietarios en el campo y menos terratenientes.

El presidente ha explicado que la restitución se hará mediante herramientas como indemnización por vía administrativa, apoyo a programas de inversión, créditos blandos para adquisición de vivienda, prioridad en el acceso a subsidios y, principalmente, que la ley no excluirá a ninguna víctima, y que no importa si el victimario es guerrillero, paramilitar, narcotraficante o agente del Estado. La iniciativa, en su momento, recibió fuertes reparos del ex presidente Álvaro Uribe.

Santos sustenta que estas leyes serán “la hoja de ruta para la ejecución de una reparación integral, social, económica, sociológica y simbólica, a cerca de cuatro millones de desplazados y víctimas de otros delitos derivados de la violencia”.

La ONU recibe con agrado la intención del gobierno y califica los proyectos de ley como “dos pilares para construir la paz”.

Y en Colombia la iniciativa se recibe con mucha expectativa frente a los desafíos que implica su ejecución.

Recordando el pasado de la Ley de Tierras de López Pumarejo, la Reforma Agraria de Carlos Lleras Restrepo y otros intentos fallidos de poner la tierra en manos de sus dueños originales, bien vale la pena resaltar que el camino no será nada fácil porque los intereses de quienes ostentan el poder sobre dos millones de hectáreas y su capacidad de crear violencia, podrían llevar a abortar las buenas intenciones del gobierno y de los colombianos en general.

Sin embargo, el Ministro Restrepo ha dicho que el gobierno asumirá enérgicamente las medidas necesarias para que la ley sea una realidad.

Para grandes propósitos se necesitan grandes energías convergentes. No será solamente la voluntad del presidente o de su ministro Restrepo, sino también los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los empleados oficiales, la justicia, los maestros y los medios públicos de televisión y de prensa los llamados a apoyar e impulsar esta ambiciosa reforma al campo.

Aplicar la justicia material y reconocer a los desplazados sus derechos pendientes, es un camino certero hacia la paz y un retroceso a la guerra. Así lo vieron López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, pero el país no se volcó tras sus ideas.

Hoy, después de mas de sesenta años de guerras y de luchas fratricidas, el país debería estar dispuesto a rodear y defender la aplicación de ésta iniciativa que aparece como la más importarte propuesta de paz que ha escuchado el país en los últimos años.

Créditos: Semana.com. El Espectador.com. El Tiempo.com

11/S: LA DERROTA DE LAS LIBERTADES

El 11-S provocó una intensa lucha contra unos enemigos invisibles. Ni Osama Ben Laden ni las pruebas de que Irak era una amenaza, aparecieron.

Lo más visible fueron las normas contra el terrorismo que terminaron vulnerando los derechos conquistados por la humanidad.


Las medidas antiterroristas tomadas en Estados Unidos tras el 11-S han significado un retroceso en la conquista de los derechos civiles y las libertades individuales que logró la sociedad occidental, con dificultad y sangre, durante los siglos XIX y XX.

Tres directivas se encargaron de hacer efectivo ese retroceso. Se trata de la Orden Militar Numero Uno, La Ley de Comisiones Militares y la Patriotic Act. Esas normativas, concebidas con anterioridad a los ataques a las torres gemelas y puestas en marcha gracias a ese evento, volvieron sospechosa de terrorismo a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, y con un agravante: no es necesaria una evidencia que prueba la culpa para encarcelar a alguien indefinidamente.

Noam Chomsky, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, cuestionó esas medidas en un documento titulado: Hegemonía o supervivencia, Estados Unidos a la recerca del dominio global. “Después del 11/ S, con frecuencia, con una relación cuestionable con el terror, el gobierno de Bush se atribuyó, y ejerció, el derecho a declarar a la personas (incluidos ciudadanos norteamericanos) “combatientes enemigos”, o “sospechosos de terrorismo” y encarcelarlos sin cargo contra ellos y sin permitirles que accediesen a un abogado ni que se pusiesen en contacto con sus familias hasta que la Casa Blanca determine que su “guerra contra el terror” se ha acabado con éxito, es decir, indefinidamente” N. Chomsky. Biblioteca Universal Empúries. Barcelona.

Igual interpretación ofrece el analista Jhon Ikenberry, en America¨s Imperial Ambition, publicado en Foreign Affaire 81, sobre los propósitos del presidente Bush después de los atentados del 11S. “Se trata “, dice el investigador, “de crear un Nuevo Orden Mundial en el que EU sea el país supremo con una ambiciosa estrategia que comienza con el compromiso fundamental de mantener un mundo unipolar en el que EU no tiene ningún igual ni ningún competidor. ….) Ningún Estado o coalición pueden discutir nunca a los EU su papel de líder protector y de policía mundial”.

Stephen Lendman, miembro del Centro de Investigaciones sobre Globalización, en Estados Unidos, asegura que desde la llegada de Bush al poder, en enero de 2001, se firmó “un diluvio de órdenes ejecutivas y agregó docenas de interpretaciones de la ley a cientos de cláusulas legales a pesar de que nada en la Constitución autoriza esta práctica y que la Corte Suprema prohibió los vetos de partidas separadas”. (www.globalresearch.ca)

La vulneración de los derechos civiles fue también tema central de la estudiosa española Eva Solans Galobart, Master en Globalización, que en su investigación llamada Concepción crítica del Nuevo Mundo tras el 11-S, afirma que “La Orden Militar Numero Uno, expedida el 13 de noviembre de 2001, dos meses después del derrumbe de las Torres, es el inicio de la reducción de las libertades civiles en los Estados Unidos. Solans asegura que “basándose en el miedo existente, Bush se otorgó a si mismo poderes incontrolados que conllevaron a graves amenazas para las libertades civiles y la entrada en un periodo de vulneración de los derechos elementales”.

Esta Orden Militar permite al Presidente usurpar la autoridad para capturar o arrestar de otra manera, a todo no-ciudadano (y posteriormente también a ciudadanos) en cualquier parte del mundo si afirma que están involucrados en terrorismo y detenerlos sin acusación o evidencia y sin permitirles un debido proceso ante un tribunal legal.

En caso de permitirse, los juicios serán por “comisiones militares especiales” y no por tribunales civiles. Se permite que la evidencia sea obtenida a través de tortura, sin que los declarados culpables tengan derecho a apelación. Pueden, incluso, ser ejecutados en secreto.

Esta estrategia soberana de Bush terminó por afectar no solo las libertades civiles y jurídicas de cualquier ciudadano, en cualquier lugar del Planeta, sino también la propia legalidad interna de EU.

“Quizá la ley más conocida por los norteamericanos, durante éste periodo de miedo e incertidumbre, es la llamada Patriotic Act. El Congreso, preso de pánico, voto la Patriotic Act treinta y tres días después de la recepción del proyecto. Fue aprobada en octubre de 2001, en respuesta a una amenaza de carácter y origen indefinidos”, dice Solans Galobart.

Bruce Ackeman, en el documento “Antes que nos ataquen de nuevo”, dice que a la Patriotic Act se la quiso convertir “en un símbolo que convenciera a los ciudadanos de que el gobierno federal estaba completamente decidido a volcarse contra el terrorismo”. (Editorial Península. Barcelona, marzo 2007)

“Desde su entrada en vigencia, los ciudadanos pasan a ser rígidamente vigilados a través de procedimientos oscuros y, en muchos casos, secretos. El gobierno de Bush empieza a controlar la vida y quehaceres de sus ciudadanos y, a partir de entonces, se derriban las barreras que existían entre la tecnología de la información y la seguridad nacional”

Este imperfecto modelo de seguridad mundial aplicado tras el 11/ S terminó siendo imitado por países de Europa (Gran Bretaña, España) que víctimas de atentados similares “compraron” el esquema de seguridad ideado por las agencias de los EU.

De esta forma, países europeos con amplia tradición en la defensa de los derechos humanos terminaron alineándose con el modelo de seguridad estadounidense que violenta los derechos humanos y sacrifica las libertades individuales, en aras de las llamadas seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.

Este 11 de septiembre se cumplen nueve años de la tragedia de las Torres Gemelas en la que, según datos del propio gobierno, murieron más de 3 mil personas. Los señalados responsables, Osama Bin Laden y su grupo Al Qaeda siguen sin ser capturados, procesados y enjuiciados.

Mientras tanto, la llamada “guerra preventiva” emprendida por Bush luego de los ataques, y bajo la cual se invadió a Afganistán e Irak, sigue vigente, con costos altísimos en perdidas de vidas humanas.

Se habla de 4.400 soldados y al menos de 106 mil civiles muertos durante la invasión a Irak, invasión que se hizo ignorando al Consejo de Seguridad de la ONU, y argumentando la tenencia de armas de destrucción masiva, armas que nunca aparecieron.

Chomsky, critico del manejo de las relaciones internacionales de su país, ha dicho que el uso de la fuerza militar para eliminar una amenaza imaginaria o inventada hace que el término “preventivo” sea demasiado caritativo. “La guerra preventiva entra en la categoría de crímenes de guerra”.

En este contexto, es determinante el papel de la Comunidad Económica Europea y de la ONU en la revitalización de los derechos humanos y los valores democráticos y a favor de la libertad.

Es urgente que la comunidad internacional revise y delimite el concepto de “terrorismo”, el enemigo actual de los EU, pues a juicio de los estudiosos en la materia su definición presenta profundas inconsistencias.

H Pattersson, profesor de Sociología de la Universidad de Harvard, asegura en “El discurso de Bush que el mundo no entendió”, publicado en Tribuna Libre (El Mundo, enero del 2005) que “EU ha apoyado a lo largo del siglo pasado una lista a toda una serie de estados tiránicos con un historial cruel y sanguinario en la represión de sus pueblos y ninguno de ellos era un estado terrorista”.

El presidente norteamericano parte de la idea de que “todos los terroristas son unos tiranos, pero ello no implica que todos los tiranos sean terroristas y entre todas las naciones, EU es la que debería saberlo”.

Fuente: Concepción crítica del Nuevo Mundo tras el 11-S .Eva Solans Galobart, Máster en Globalización, Barcelona, 2007. Noam Chomsky. Hegemonìa y supervivencia. EU a la recerca del dominio mundial. Biblioteca Universal E. Barcelona.